Border Integration Guatemala Mexico (IADB-GU-L1086)

Countries
  • Guatemala
  • Mexico
Where the impacts of the investment may be experienced.
Financial Institutions
  • Inter-American Development Bank (IADB)
International, regional and national development finance institutions. Many of these banks have a public interest mission, such as poverty reduction.
Project Status
Proposed
Bank Risk Rating
B
Risk rating varies among banks and may refer only to the particular investment and not to the risk for the project as a whole. Projects marked 'U' have an 'Unknown' risk rating at the time of disclosure.
Voting Date
Dec 31, 2017
The estimate day the bank will vote on a proposed investment. The decision dates may change, so review updated project documents or contact the EWS team.
Borrower
Guatemala; Executed by Defense Ministry
The holder of the loan, grant, or other investment.
Sectors
  • Infrastructure
  • Law and Government
  • Transport
The service or industry focus of the investment. A project can have several sectors.
Potential Rights Impacts
  • Cultural Rights
  • Healthy Environment
  • Indigenous Peoples
  • Labor & Livelihood
  • Marginalized Groups
  • Right to Food
  • Right to Health
  • Right to Water
Only for projects receiving a detailed analysis, a broad category of human and environmental rights and frequently at-risk populations.
Investment Type(s)
Loan
The categories of the bank investment: loan, grant, etc.
Investment Amount (USD)
$ 50.00 million
Value listed on project documents at time of disclosure. If necessary, converted to USD$. Please review updated project documents for more information.
Project Cost (USD)
$ 250.00 million
Value listed on project documents at time of disclosure. If necessary, converted to USD$. Please see updated project documentation for more information.
Primary Source

Original disclosure @ IADB website

Updated in EWS Jan 19, 2018

Disclosed by Bank Feb 23, 2017


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Project Description
La inversión apoya al gobierno de Guatemala en el fortalecimiento de su competitividad y seguridad a través de la implementación de controles fiscales, parafiscales y migratorios en la frontera de 960 km de longitud que divide Guatemala y México. El proyecto alcanzará 8 puertos fronterizos, dos por formalizar y cuatro puentes para unir los dos países: dos sobre el Suchiate y dos sobre el Usumacinta. Las obras de la muestra incluirán los puertos de Tecún Uman 1 y 2, El Carmen e Ingenieros. Este proyecto tiene los siguientes objetivos: “(i) implantar un sistema normativo, de procesos y herramientas de control efectivos; y (ii) dotar a los puertos fronterizos de Guatemala con México con la infraestructura y el equipamiento adecuados para responder efectivamente a los procesos y herramientas de control de cargas y personas.” Su componente de inversiones en infraestructura y equipamiento, el cual se dirige a la financiación de construcción o rehabilitación de las instalaciones fronterizas, podrá impactar a los derechos humanos y ambientales de poblaciones locales. El componente de gestión y administración del proyecto será direccionado a la gestión socio-ambiental del proyecto, lo que incluye la realización de estudios de impacto socio-ambiental, planes de mitigación y compensación por eventuales reasentamientos, el monitoreo y evaluación de las actividades. El proyecto fue calificado por el Banco Interamericano de Desarrollo como de categoría “B”. Según el banco, “[a]quellas operaciones que puedan causar principalmente impactos ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas serán clasificadas en la ‘Categoría B’.” No obstante, el banco clarifica que el proyecto puede ser reclasificado en el futuro si la necesidad queda clara durante el proceso de debida diligencia. Ubicación: Frontera de Guatemala con México en 8 pasos fronterizos Recursos necesarios: Adquisición, preparación y/o adecuación de terrenos y demolición de infraestructuras existentes Número de proyecto: GU-L1086
Early Warning System Project Analysis
ESTANDARES SOCIALES Y AMBIENTALES APLICABLES Según el Banco Interamericano de Desarrollo las Políticas de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias aplicables a este proyecto son las siguientes: • OP-102 de Acceso a la información • OP-703 de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias • OP-704 de Gestión del Riesgo de Desastres • OP-710 de Reasentamiento Involuntario • OP-761 de Igualdad de Género en el Desarrollo • OP-765 de Pueblos Indígenas
People Affected By This Project
NUESTRA EVALUACION DE RIESGOS Este proyecto presenta una serie de posibles violaciones a los derechos humanos y violaciones de estándares sociales y ambientales. En base a los impactos identificados en la documentación del BID, este proyecto presenta un riesgo adicional con respecto de los siguientes derechos humanos: Derecho a la información: La ley guatemalteca no exige transparencia en los contratos del Ministerio de Defensa, lo cual puede vulnerar el derecho al acceso a la información. Una investigación profunda realizada por la Comisión contra la Impunidad (CICIG) sobre el mercado legal y tráfico ilícito de armas y municiones en Guatemala relata que el Ministerio de Defensa en Guatemala no tiene la obligación de ser transparente en la compra de armas, municiones y otras materiales: “La Ley de Contrataciones del Estado; Decreto 57-92, establece que las instituciones gubernamentales deben cumplir ciertas obligaciones, como cotizar en compras menores a Q900 mil, y licitar públicamente las mayores; sin embargo, el artículo 44 de dicha Ley establece ciertos casos de excepción, entre ellos el del numeral 1.6: La compra de armamento, municiones, equipo, materiales de construcción, aeronaves, barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de servicios o suministros que se hagan para el Ejército de Guatemala y sus instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, en lo necesario para el cumplimiento de sus fines”. (Link a informe: http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-TEMA_DOC01_20091201_ES.pdf) •Derecho a un medio ambiente sano: Al momento, no existe información sobre todas las obras de construcción contemplados, sin embargo, el proyecto tiene el potencial de generar una serie de impactos al ambiente; de especial preocupación son las áreas de interés ecológico o ambiental, ya identificados por el Banco, que se encuentran cercanos a la frontera: (i) el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Usumacinta; (ii) el Parque Nacional Sierra del Lacandón; (iii) la Reserva de la Biósfera Nahá y Metzabok y la Reserva de la Biosfera Montes Azules; (iv) Reserva de la Biósfera Volcán Tacaná; (v) la Zona de Cuilco; y (vi) la Zona Tacana Tajumulco. Derecho a la salud: Como se describe en la documentación sobre el proyecto, habrá un “aumento del riesgo de accidentes de tránsito como consecuencia del incremento del flujo de furgones y camiones de carga y de buses turísticos”, esto pudiera poner en riesgo la seguridad de los habitantes locales, lo cual podrá aumentar aun más la sobrecarga al sistema de salud local. Derecho a la propiedad y una vivienda adecuada: El banco reconoce que el proyecto podrá requerir el reasentamiento involuntario lo cual tiene consecuencias directas en los habitantes locales dado el posible desplazamiento físico y económico. Derecho de los pueblos indígenas y derechos culturales: Mientras que el BID reconoce la aplicabilidad de la política relacionada a pueblos indígenas, su marco legal deja fuera la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la obligación de consulta previa. Hay varios pueblos indígenas que viven en las áreas fronterizas, incluyendo territorios indígenas que fueron fragmentados anteriormente por la creación de la frontera entre Guatemala y México. En el lado guatemalteco, los pueblos mayas que viven en territorio que colinda con México incluyen los Mam, Popti, Chuj, Q’anjob’al y Q’eqchi’. Tradicionalmente desarrollaban actividades culturales o económicas en ambos lados de la frontera y hoy en día cualquier aumento de militarización en esas zonas puede afectar el gozo de sus derechos. Derecho al agua: Ya que el río sirve de límite en la frontera, es muy posible que las actividades de construcción en zonas fronterizas introduzcan contaminantes al agua. Derecho a la subsistencia: El proyecto podrá tener como consecuencia el reasentamiento de personas. Es importante monitorear el avance del proyecto para evitar un desplazamiento físico y económico de las comunidades. La adquisición de tierras y planes de reasentamiento deben ser revisados y supervisados ya que el amplio alcance de este proyecto presenta un alto riesgo de afectación a este derecho. Además, identificamos una serie de riesgos adicionales dados el contexto guatemalteco actual y hechos que sugieren que el Ministerio de la Defensa no es la institución apropiada para actuar como la agencia ejecutora de dicho proyecto. Derecho de circulación y de buscar asilo: El Banco destaca que el proyecto contribuirá a un “mejor control fronterizo de migrantes que cruzan la frontera para dirigirse a los Estados Unidos”. Impedir la migración es contrario a la Convención Americana que establece en su Artículo 22(2), “Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive el propio” y en 22(7), “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero”. Vale destacar que tanto Guatemala como México han ratificado el Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo. Los dos países también reflejaron la expansión de la definición de refugiado, tal como aparece en la Declaración de Cartagena. Estos compromisos internacionales también reconocen el principio de no devolución, el cual establece la norma que impide devolver a un individuo a un territorio en el que su vida o libertad corran peligro. Las metas de esto proyecto podrían tener implicaciones graves en un contexto en el que miles de guatemaltecos y centroamericanos huyen de situaciones de extrema violencia, a veces perseguidos por el Estado o actores de estructuras paralelas de poder. Preocupación sobre posible riesgo de usurpación de funciones: El Ministerio de la Defensa no es la institución apropiada para implementar controles fiscales, integración económica y competitividad; vulnera la institucionalidad guatemalteca y poblaciones que históricamente han sido víctimas de violaciones por el ejército. Aunque las agencias a cargo de aduanas y controles fronterizos presentan serios desafíos en cuanto a corrupción, es sumamente preocupante que el organismo ejecutor del proyecto es el Ministerio de Defensa, quien según el banco “manejará los recursos del financiamiento y estará encargado de todos los aspectos técnicos, administrativos y fiduciarios del Programa”. En Guatemala hay agencias civiles que tienen bajo su mandato legal ejercer estas actividades, los principales son la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de la Defensa, en cambio, está encargado de mantener la soberanía, integridad territorial y la seguridad. Las tareas del proyecto caen, en su gran mayoría, fuera de ese mandato, por lo que se pudieran exponer a realización de conductas que constituyan usurpación de funciones.
Investment Description
  • Inter-American Development Bank (IADB)
Infraestructura y manejo de fronteras Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Fondo de Cofinanciamiento Chino. Prestatario: República de Guatemala, ejecutado por el Ministerio de Defensa Monto del préstamo o inversión: BID - US$200 millones (según documentos del proyecto); Fondo de Cofinanciamiento Chino – US$ 50 millones. México apoyará a través del Fondo de Infraestructura para Mesoamérica y el Caribe con una cantidad aún no definida pero estimada entre US$20 millones y US$100 millones – de los cuales Guatemala solo pagaría intereses – y ofreció donar todos los planes de la infraestructura, los estudios de factibilidad y toda la mano de obra calificada del personal de ingenieros del ejército de México. El Banco ha firmado un convenio de coordinación para el cofinanciamiento de proyectos con Bancomext que le permitirá ser intermediario financiero del Fondo. Ver informe de gobierno de Guatemala de 2014, pag. 17. [http://www.minex.gob.gt/MDAA/DATA/MDAA/20150305154759320memoria 2014.pdf] Costo total del proyecto: US$250 millones+
Contact Information
Team Leader: Jaime Granados jaimeg@iadb.org Safeguard screening: Juan Carlos Paez Zamora juancarlosp@iadb.org ACCOUNTABILITY MECHANISM OF IADB The Independent Consultation and Investigation Mechanism (MICI) is the independent complaint mechanism and fact-finding body for people who have been or are likely to be adversely affected by an Inter-American Development Bank (IDB) or Inter-American Investment Corporation (IIC)-funded project. If you submit a complaint to MICI, they may assist you in addressing the problems you raised through a dispute-resolution process with those implementing the project and/or through an investigation to assess whether the IDB or IIC is following its own policies for preventing or mitigating harm to people or the environment. You can submit a complaint by sending an email to MICI@iadb.org. You can learn more about the MICI and how to file a complaint at http://www.iadb.org/en/mici/mici,1752.html (in English) or http://www.iadb.org/es/mici/mici,1752.html (Spanish).