People Affected By This Project refers to the communities of people likely to be affected positively or negatively by a project.
NUESTRA EVALUACION DE RIESGOS
Este proyecto presenta una serie de posibles violaciones a los derechos humanos y violaciones de estándares sociales y ambientales. En base a los impactos identificados en la documentación del BID, este proyecto presenta un riesgo adicional con respecto de los siguientes derechos humanos:
Derecho a la información:
La ley guatemalteca no exige transparencia en los contratos del Ministerio de Defensa, lo cual puede vulnerar el derecho al acceso a la información. Una investigación profunda realizada por la Comisión contra la Impunidad (CICIG) sobre el mercado legal y tráfico ilícito de armas y municiones en Guatemala relata que el Ministerio de Defensa en Guatemala no tiene la obligación de ser transparente en la compra de armas, municiones y otras materiales: “La Ley de Contrataciones del Estado; Decreto 57-92, establece que las instituciones gubernamentales deben cumplir ciertas obligaciones, como cotizar en compras menores a Q900 mil, y licitar públicamente las mayores; sin embargo, el artículo 44 de dicha Ley establece ciertos casos de excepción, entre ellos el del numeral 1.6: La compra de armamento, municiones, equipo, materiales de construcción, aeronaves, barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de servicios o suministros que se hagan para el Ejército de Guatemala y sus instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, en lo necesario para el cumplimiento de sus fines”. (Link a informe:
http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-TEMA_DOC01_20091201_ES.pdf)
•Derecho a un medio ambiente sano:
Al momento, no existe información sobre todas las obras de construcción contemplados, sin embargo, el proyecto tiene el potencial de generar una serie de impactos al ambiente; de especial preocupación son las áreas de interés ecológico o ambiental, ya identificados por el Banco, que se encuentran cercanos a la frontera: (i) el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Usumacinta; (ii) el Parque Nacional Sierra del Lacandón; (iii) la Reserva de la Biósfera Nahá y Metzabok y la Reserva de la Biosfera Montes Azules; (iv) Reserva de la Biósfera Volcán Tacaná; (v) la Zona de Cuilco; y (vi) la Zona Tacana Tajumulco.
Derecho a la salud:
Como se describe en la documentación sobre el proyecto, habrá un “aumento del riesgo de accidentes de tránsito como consecuencia del incremento del flujo de furgones y camiones de carga y de buses turísticos”, esto pudiera poner en riesgo la seguridad de los habitantes locales, lo cual podrá aumentar aun más la sobrecarga al sistema de salud local.
Derecho a la propiedad y una vivienda adecuada:
El banco reconoce que el proyecto podrá requerir el reasentamiento involuntario lo cual tiene consecuencias directas en los habitantes locales dado el posible desplazamiento físico y económico.
Derecho de los pueblos indígenas y derechos culturales:
Mientras que el BID reconoce la aplicabilidad de la política relacionada a pueblos indígenas, su marco legal deja fuera la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la obligación de consulta previa. Hay varios pueblos indígenas que viven en las áreas fronterizas, incluyendo territorios indígenas que fueron fragmentados anteriormente por la creación de la frontera entre Guatemala y México. En el lado guatemalteco, los pueblos mayas que viven en territorio que colinda con México incluyen los Mam, Popti, Chuj, Q’anjob’al y Q’eqchi’. Tradicionalmente desarrollaban actividades culturales o económicas en ambos lados de la frontera y hoy en día cualquier aumento de militarización en esas zonas puede afectar el gozo de sus derechos.
Derecho al agua:
Ya que el río sirve de límite en la frontera, es muy posible que las actividades de construcción en zonas fronterizas introduzcan contaminantes al agua.
Derecho a la subsistencia:
El proyecto podrá tener como consecuencia el reasentamiento de personas. Es importante monitorear el avance del proyecto para evitar un desplazamiento físico y económico de las comunidades. La adquisición de tierras y planes de reasentamiento deben ser revisados y supervisados ya que el amplio alcance de este proyecto presenta un alto riesgo de afectación a este derecho.
Además, identificamos una serie de riesgos adicionales dados el contexto guatemalteco actual y hechos que sugieren que el Ministerio de la Defensa no es la institución apropiada para actuar como la agencia ejecutora de dicho proyecto.
Derecho de circulación y de buscar asilo:
El Banco destaca que el proyecto contribuirá a un “mejor control fronterizo de migrantes que cruzan la frontera para dirigirse a los Estados Unidos”. Impedir la migración es contrario a la Convención Americana que establece en su Artículo 22(2), “Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive el propio” y en 22(7), “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero”. Vale destacar que tanto Guatemala como México han ratificado el Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo. Los dos países también reflejaron la expansión de la definición de refugiado, tal como aparece en la Declaración de Cartagena. Estos compromisos internacionales también reconocen el principio de no devolución, el cual establece la norma que impide devolver a un individuo a un territorio en el que su vida o libertad corran peligro. Las metas de esto proyecto podrían tener implicaciones graves en un contexto en el que miles de guatemaltecos y centroamericanos huyen de situaciones de extrema violencia, a veces perseguidos por el Estado o actores de estructuras paralelas de poder.
Preocupación sobre posible riesgo de usurpación de funciones:
El Ministerio de la Defensa no es la institución apropiada para implementar controles fiscales, integración económica y competitividad; vulnera la institucionalidad guatemalteca y poblaciones que históricamente han sido víctimas de violaciones por el ejército. Aunque las agencias a cargo de aduanas y controles fronterizos presentan serios desafíos en cuanto a corrupción, es sumamente preocupante que el organismo ejecutor del proyecto es el Ministerio de Defensa, quien según el banco “manejará los recursos del financiamiento y estará encargado de todos los aspectos técnicos, administrativos y fiduciarios del Programa”. En Guatemala hay agencias civiles que tienen bajo su mandato legal ejercer estas actividades, los principales son la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de la Defensa, en cambio, está encargado de mantener la soberanía, integridad territorial y la seguridad. Las tareas del proyecto caen, en su gran mayoría, fuera de ese mandato, por lo que se pudieran exponer a realización de conductas que constituyan usurpación de funciones.
