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El banco financiará a Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. para la construcción de la hidroeléctrica. “Localizado aproximadamente a 8 kilómetros al norte del Río Ituango en Antioquia y aproximadamente a 170 km de Medellín, el Proyecto será la planta de generación hidroeléctrica más grande del país y tendrá una capacidad instalada de 2.400 MW que permitirá la generación de 13.900 GWh por año. Durante la primera fase del Proyecto, cuatro de sus ocho turbinas entrarán en operación, lo cual se espera que se complete en el 2019. La segunda y última fase, está compuesta por las últimas cuatro turbinas que se espera entren en operación y estén terminadas en el 2022.”
Ubicación: A cerca de 8 km de la desembocadura del río Ituango en Antioquia y aproximadamente 170 km de Medellín. “En términos generales, el Proyecto se encuentra localizado en el noroccidente antioqueño y geográficamente sus obras se ubican en los siguientes municipios: El embalse se encuentra localizado en jurisdicción de los municipios de Santa Fé de Antioquia, Buriticá, Peque e Ituango, por la margen izquierda del río Cauca; y de Liborina, Sabanalarga, Toledo y Briceño por la margen derecha. Las obras principales (Presa y Casa de máquinas) en los municipios de Ituango y Briceño. El acceso a los sitios de obras se logra a través de dos vías principales. La primera comprende las vías El Valle - Presa - Ituango, que sirven de sustitución al tramo de la vía intermunicipal existente entre los municipios de San Andrés de Cuerquia e Ituango que se verá inundado por el embalse; incluye también la variante vial para rodear el municipio de San Andrés de Cuerquia, la variante vial para el corregimiento El Valle, el túnel del Chirí y la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia – El Valle (municipio de Toledo). La segunda, comprende la construcción de la vía de acceso desde el corregimiento de Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, hasta el sitio de Presa. Esta vía se desarrollará en la margen izquierda y derecha del río Cauca, entre los municipios de Valdivia, Ituango y Briceño.”
Recursos necesarios: Represamiento del río. La presa que irá barrar el río tendrá una altura de 225m y estará localizada aguas abajo del puente de Pescadero. El curso del río se modificará entre los municipios de Ituango y Briceño por túneles de poco mas de un kilometro través las montañas antioqueñas.
Análisis de riesgo:
El proyecto es calificado por la Corporación Interamericana de Inversiones (IIC) como de categoría “A”. Según el banco, “[l]os proyectos de categoría A podrían tener como resultado riesgos o impactos ambientales y sociales potencialmente considerables, diversos, irreversibles o sin precedentes y que generalmente rebasan los límites del sitio del proyecto o las instalaciones. En principio, en la categoría A se incluyen proyectos que tienen impactos significativos en áreas protegidas o sensibles y/o grupos vulnerables.”
En el presente momento, no es posible saber cuales son los estándares sociales y ambientales que serán aplicados por IIC. No se los publicaron en el sitio web y los pedidos de información hechos por el SAT siguen sin respuesta.
NUESTRA EVALUACION DE RIESGOS
Basado en el documento de BID, ese proyecto presenta un riesgo para los siguientes derechos humanos:
Derecho a un medio ambiente sano:
Documentos del proyecto afirman que en las áreas de influencia directa, hay posibilidad de inundaciones, deterioro de la calidad del agua y perdida de capacidad de su almacenamiento, deterioro de la calidad del suelo. Con la alteración de la dinámica del río por la presa, habrán muertes y desplazamiento de especies faunísticas, alteración de la migración de peces y alteración de las condiciones de navegabilidad del río. La calidad del aire también podrá ser afectada por las actividades de construcción y transito de vehículos, que generarán material particulado, gases y ruidos. Especies amenazadas y endémicas tendrán sus hábitats fragmentados o eliminados. Los bosques sufrirán con la exploración de madera para las actividades de la obra y por el incremento poblacional. Eses impactos podrán también afectar la salud de las personas.
Derechos culturales:
“Por su condición sociocultural, para la población de los centros poblados de Orobajo y Barbacoas, se afecta directamente su base económica, el uso que hacen del territorio y de sus recursos, los elementos con los cuales se identifican y desarrollan su sentido de identidad y de pertenencia, la trama de relaciones sociales entre las unidades sociales del mismo asentamiento y entre éstos y los demás centros poblados con los cuales interactúan de diferente manera.” Los flujos migratorios generados por el proyecto alterarán el entorno socioeconómico y cultural, con la posibilidad de generar traumas y conflictos.
“Algunos sitios arqueológicos existentes serán afectados o destruidos por la construcción de diferentes actividades del proyecto, o por el llenado del embalse. Los resultados obtenidos durante la fase de prospección arqueológica, permitieron identificar un total de 55 sitios arqueológicos, 24 de los cuales no serán afectados por las obras del proyecto, 5 serán afectados parcialmente, mientras que los 26 restantes se verán afectados de manera significativa, en la mayoría de los casos, por la inundación de la zona del embalse.” Las poblaciones cañonera de Orobajo y Barbacoa y de montaña de asentamientos de las tierras bajas tendrán su cultura especialmente afectada. Para los cañoneros, “las actividades de compra de predios y llenado del embalse, con el consecuente abandono involuntario del territorio por el cambio de tenencia de la tierra, y la literal desaparición de sus territorios de ocupación, se traducirá en 1) la eliminación de la base económica de subsistencia, y reproducción del grupo social, 2) un fuerte sentimiento de desarraigo material, social y cultural por la pérdida de los espacios cotidianos de uso y ocupación, y en el plano social 3) la ruptura de las relaciones de parentesco y vecindad, de singular importancia en la generación de mecanismos de cohesión y solidaridad entre “cañoneros” y “montañeros”, que dentro del contexto local son también relaciones económicas de reciprocidad. En efecto, la desaparición de los sitios de uso tradicional y el traslado a otras zonas a menudo alejados de sus sitios de origen, implican la generación de nuevas estrategias para reconstruir y re-significar el nuevo espacio de ocupación.” “Particularmente para los pobladores de la montaña circunscritos a los asentamientos de las tierras bajas, la adquisición de predios se traducirá en la ruptura de las relaciones de parentesco, reciprocidad y complementariedad económica, por el abandono involuntario del territorio por parte de la población minera de Orobajo y Barbacoas, lo cual tendrá su máxima expresión al momento de llenado del embalse, cuando además se eliminará la red de caminos que atravesando por las bodegas, comunican también con los asentamientos entre ambas márgenes del río. El llenado de embalse por su parte representará la afectación de importantes elementos de su sistema cultural, y en particular la afectación de su base económica.”
Derecho a la salud:
El deterioro de la calidad del suelo y del agua podrán afectar el derecho a la salud de manera relevante. El suelo podrá perder su fertilidad y el consumo del agua podrá ser perjudicial en razón de las actividades del proyecto, como se explica abajo. Con la alteración de la dinámica del río por la presa y con la supresión vegetal, podrán haber proliferación de enfermedades y alteraciones de las condiciones de salubridad y saneamiento básico. La baja calidad del agua y el material particulado generado por las construcciones podrán causar enfermedades del sistema respiratorio, infecciosas y parasitarias, especialmente en la población infantil. La afluencia de población foránea generará aumento de la demanda de servicios públicos que podrá afectar la disponibilidad de atendimiento de salud. Otros efectos directos de la migración serán: “Generación de condiciones de marginalidad social con la incidencia en madre- solterismo, alcoholismo, drogadicción y conductas que violentan los valores propios de la gente de la region”; “Incidencia de enfermedades infecciosas por contagio, contaminación y condiciones de salud pública”; e “Incremento en los costos de bienes y servicios”.
Derecho a la propiedad y una vivienda adecuada:
El proyecto demandará el desplazamiento involuntario de población de los poblados de Orobajo del municipio de Sabanalarga y Barbacoas del municipio de Peque (57 hogares, 227 personas, 48 viviendas). En San Andrés de Cuaerquia serán desplazados 114 hogares, 383 personas que habitan 98 viviendas localizadas en el área de la vía y sus variantes. Otras 101 personas, 30 hogares en 28 viviendas será desplazadas por el embalse. Con el incremento poblacional, las tierras, propriedades y sus impuestos tendrán a valorizarse, lo que podrá llevar personas a tener que vender sus tierras y propriedades.
Derecho al agua:
La calidad y disponibilidad del agua podrá ser afectada. El agua será utilizada para actividades de construcción y también en gran escala por los trabajadores del proyecto. El agua también podrá ser contaminada por las actividades de construcción como remoción de vegetación y movimientos de tierras, que pueden modificar sus propiedades. Los documentos del proyecto mencionan que el agua podrá ser afectado de manera que su consumo perjudicial a la salud.
Derecho a la subsistencia:
Según el Atlas de Justicia Ambiental, las comunidades afectadas han presentado quejas por violación a su derecho al trabajo y a alimentación. 1228 mineros artesanales y 172 pequeños mineros no podrán continuar ejerciendo su actividad. Otras 11 personas dedicadas al transporte fluvial tendrán sus actividades directamente afectadas por la construcción. Propietarios que perderán sus tierras en razón de la presión territorial también deberán abandonar sus actividades productivas.
Financiamiento: Corporación Interamericana de Inversiones (IIC)
Prestario: Empresas Públicas de Medellin S.A.E.S.P.
Monto del préstamo o inversión: US$ 550 millones
Costo total del proyecto: COP$11,400.000 millones
Private Actor 1 | Private Actor 1 Role | Private Actor 1 Sector | Relation | Private Actor 2 | Private Actor 2 Role | Private Actor 2 Sector |
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- | - | - | - | EPM (Empresas Públicas de Medellín) | Client | - |
For inquiries about this project, contact divulgacionpublica@iadb.org
Para informaciones adicionales, IIC disponibiliza el siguiente e-mail para contacto: iicmail@iadb.org
Según el Atlas de Justicia Ambiental, Las comunidades afectadas por la obra han presentado quejas relacionadas con la violación al derecho a la información, pues no han sido consultadas. (https://ejatlas.org/conflict/ituango-hidroelectrica-colombia)
“El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) es la instancia independiente de rendición de cuentas del Grupo BID (del cual el ICC es parte) creada (…) con el fin de incrementar la transparencia, rendición de cuentas y efectividad del Grupo BID. El MICI ofrece un proceso para atender e investigar denuncias de personas y comunidades que consideran que proyectos financiados por el Banco las han causado daño derivado del incumplimiento del BID de algunas de sus políticas operativas.”
“El MICI es una instancia de último recurso a la cual acudir una vez que se han agotado otras instancias. Esto significa que, antes de acceder al MICI, los reclamantes deben haber realizado esfuerzos para contactar a la Administración del Banco o la CII (es decir a los funcionarios responsables del diseño del proyecto al interior de la institución y/o a la oficina de representación del Grupo BID en el país que corresponda) y dar a conocer su problemática en busca de una resolución a la misma.”
ACCOUNTABILITY MECHANISM OF IIC
The Independent Consultation and Investigation Mechanism (MICI) is the independent complaint mechanism and fact-finding body for people who have been or are likely to be adversely affected by an Inter-American Development Bank (IDB) or Inter-American Investment Corporation (IIC)-funded project. If you submit a complaint to MICI, they may assist you in addressing the problems you raised through a dispute-resolution process with those implementing the project and/or through an investigation to assess whether the IDB or IIC is following its own policies for preventing or mitigating harm to people or the environment. You can submit a complaint by sending an email to MICI@iadb.org. You can learn more about the MICI and how to file a complaint at http://www.iadb.org/en/mici/mici,1752.html (in English) or http://www.iadb.org/es/mici/mici,1752.html (Spanish).